El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, tiene muy claro que «el recorrido que va a tener este nuevo modelo de acreditación impulsado por el Gobierno va a ser irrisorio«. Recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales consiguió sacar adelante el proyecto con la oposición de 9 comunidades autónomas que representan el 71,4% de la población española y que no está obligada a transponer el nuevo sistema a sus propias normativas.
